Según el Ponente Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud, “casi dos mil millones de personas no tienen acceso a medicamentos esenciales. Si se mejorara el acceso a los medicamentos existentes, se podrían salvar 10 millones de vidas cada año, 4 millones de ellas en África y el Sudeste asiático. El acceso a los medicamentos se caracteriza por una profunda desigualdad mundial. El 15 por ciento de la población mundial consume más del 90 por ciento de los productos farmacéuticos del mundo”.
Sin embargo, mejorar el acceso a productos farmacéuticos a poblaciones empobrecidas no está en las intenciones de la Sra. Ministra, Doña Cristina Garmendia Mendizábal, titular actual del Ministerio de Ciencia e Innovación y anterior miembro de la junta directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y de la Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO).
Esto no sería un problema -no es la titular del Ministerio de Sanidad- si no fuera porque entre las competencias de su Ministerio, se encuentran las de financiación de la investigación y desarrollo y las de adaptación de las Universidades en el Espacio Europeo de Educación Superior. Y en ambas, su orientación de la investigación realizada en instituciones públicas hacia su comercialización y patente para la empresa privada, resulta incompatible con una investigación dirigida hacia fines no lucrativos -fármacos para enfermedades del mundo en desarrollo- y con productos asequibles en el mercado -libres de derechos de patente, que tanto encarecen la accesibilidad de los productos farmacéuticos en los países emergentes.
En el diseño del “Plan Nacional de I+D+i 2008-2011″ del Ministerio de Ciencia e Innovación, se busca en primer lugar “promover un tejido empresarial altamente competitivo”, de tal manera que se oriente el I+D generado a las “necesidades productivas” y, por otro lado, la “transferencia de resultados de investigación de instituciones públicas a empresas”. Entre los sectores beneficiarios de este “Plan Nacional de I+D+i” se encontrarían, entre otros, la industria farmacéutica.
Su modelo de encaje de las Universidades en el Espacio Europeo de Educación Superior se centra, igualmente, en la transferencia de resultados de investigación universitaria a la empresa privada. En su Discurso de 28 de mayo de 2008 en el Consejo de Universidades, destacó que la Universidad generaba el 60% del total de la investigación desarrollada en el Estado español, por lo que se apuesta ” por una Universidad de excelencia, para la formación, la ciencia y la tecnología, innovadora, y donde el sistema
universitario debe ejercer de elemento dinamizador.” En esa “sinergia empresarial” para alcanzar el objetivo de “economía del conocimiento”, veía necesario “darle a los procesos de transformación del conocimiento generado a partir de los resultados de la investigación en valor social y económico”, es decir, “una nueva línea de desarrollo del concepto de valorización y comercialización, o un plan de formación de gestores de propiedad industrial y el apoyo a la internacionalización de los actuales gestores de transferencia.” Igualmente, incidió en la necesidad de rendición de cuentas a la “sociedad”. Todo esto, pues, haciendo claro el objetivo de generar rentabilidad con el conocimiento, que, en el área que nos ocupa (medicina), es especialmente peligroso.
Idéntico tono se produce en el “Programa de Trabajo ´08″ del Ministerio. En él, se prevé la financiación de programas de investigación biotecnológicos dirigidos al “crecimiento y consolidación empresarial, (a) impulsar la innovación en el sector privado, reforzar la cooperación público-privada y la excelencia científica”. En el programa de Salud, a pesar de su refuerzo a la investigación en centros de atención primaria y, en ese ámbito, a empresas sin ánimo de lucro, se prevé, no obstante, un “subprograma de acciones de dinamización del entorno investigador y tecnológico del Sistema Nacional de Salud, cuyo objetivo es el fomento de la cooperación público-privada en acciones singulares de orientación a la praxis clínica en propuestas relacionadas con las siguientes acciones: acciones de investigación clínica con medicamentos de uso humano; acciones de innovación y desarrollo de tecnologías sanitarias para el Sistema Nacional de Salud; acciones de fomento a la creación dentro del Sistema Nacional de Salud de Institutos de Investigación Biomédica”. Cabria destacar que la orientación del Sistema Nacional de Salud y de la investigación biotecnológica, respectivamente, se da en parámetros orientadas al crecimiento empresarial de la industria farmacéutica y biotecnológica.
Por todo lo expuesto, la calificación de “homicida” no es gratuita, como tampoco son gratuitos los productos farmacológicos que las grandes multinacionales farmacéuticas o biotecnológicas como Bayer, Exxentia, etc. ofrecen a precio de mercado.
Según un informe de Intermón Oxfam, “los elevados precios de los medicamentos dejan fuera del mercado farmacéutico a un 85% de la población mundial” y, entre las medidas deficientes que encuentran en la industria farmacéutica para paliar este hecho se encuentra “la falta de investigación y desarrollo (I+D) para abordar la escasez de productos específicos para enfermedades que afectan sobre todo a las personas pobres de los países en desarrollo”. Y, expresan, como causa de falta de investigación y desarrollo, que “no hay suficiente investigación y desarrollo (I+D) sobre nuevos antibióticos para estas enfermedades, porque las compañías farmacéuticas que se dedican a I+D no las perciben como enfermedades rentables”.
Otra de las medidas deficientes apreciadas por esta ONG son los “derechos de propiedad intelectual”: “El sistema mundial de propiedad intelectual, tal y como fue establecido por el Acuerdo de Propiedad Intelectual (ADPIC), plantea obstáculos muy importantes para el acceso a nuevos medicamentos asequibles. La protección de la patente por un periodo de veinte años, concedida a los productos “nuevos e innovadores” de las compañías farmacéuticas dedicadas a I+D, tiene como consecuencia monopolios que mantienen los precios elevados.” El caso de Kenia no tiene desperdicio: “En Kenia, la furosamida, un medicamento utilizado para tratar el paro cardíaco congestivo, cuesta 40 veces más que su equivalente genérico.”
Ambos aspectos que denuncia el informe (patentes de propiedad intelectual y orientación del I+D hacia ámbitos rentables) constriñen el acceso a los medicamentos, y, desgraciadamente, es la política que potencia la nueva Ministra con sus nuevas medidas: medidas que suponen un obstáculo vergonzante y genocida al Derecho Universal a la Salud.
Y no es de extrañar: venida del mundo de los negocios, su empresa, Genetrix, facturó 45 millones de dólares por la patente de su producto Ontaril, aparte de poseer 19 patentes más y beneficiarse del Plan de Ayuda a I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación. Presidenta además de ASEBIO, la patronal de las empresas biotecnológicas (al que todavía pertenece su antigua empresa), es muy dudoso que posea algún tipo de escrúpulo ético hacia la orientación de la investigación. A ASEBIO pertenecen multinacionales como Bayer, que demandó al gobierno sudafricano por la utilización de medicamentos genéricos. Un sector, el de los medicamentos biotecnológicos, que se espera que facture, en el 2010, 59.000 millones de euros…
Once millones de personas mueren cada año por enfermedades infecciosas, muchas de las cuales, podrían evitarse si se renunciase a patentes y se orientase el I+D hacia investigaciones de medicamentos no rentables. Hacer responsable a la Sra. Ministra no es un acto de gratuidad ni de demagogia: once millones de vida pueden todavía salvarse si hay un cambio de rumbo en la política genocida de privación del Derecho a la Salud.
Jannos
