Unidad sindical frente a la Reforma Laboral, hacia la Huelga General el 29 M

Buenos días, estimados compañeros y compañeras:

Desde la Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario (AMEC) queremos agradecer a los distintos grupos sindicales presentes en esta convocatoria su invitación a este acto conjunto contra la Reforma Laboral. Trabajadores y estudiantes compartimos el anhelo de un trabajo digno; formamos así un único frente de reivindicación contra los recortes y pérdida de libertades que se nos presentan con esta reforma. Así, desde AMEC nos adherimos al manifiesto conjunto hacia la Huelga General del 29 de marzo, y hacemos un llamamiento a los estudiantes a unirse a esta reivindicación que hacemos extensivo al conjunto de la comunidad universitaria. Trabajadores y estudiantes no podemos tolerar la actual situación de pobreza y desempleo que vivimos en Canarias. Debemos luchar por tanto, con más fuerza que nunca contra una reforma que empeorará esta situación, particularmente para los jóvenes, quienes también estamos a expensas de los recortes que se avecinan en educación y que ya han sido anunciados. En este sentido, también debemos denunciar las represión que en los últimos tiempos hemos sufrido por parte de quienes no son capaces de aceptar que las y los estudiantes también podamos ejercer la defensa de nuestros derechos. En el caso de AMEC, estamos pendientes de que en los próximos días el rector de esta universidad, Eduardo Doménech, pueda firmar sanción de expulsión de 12 estudiantes pertenecientes a nuestra organización, en un acto de déspota aplicación de un reglamento disciplinario franquista del año 54. Las sanciones pueden alcanzar hasta los 15 meses de inhabilitación para cursar estudios en la universidad.

Ante todo esto, no podemos más que volver a lanzar la proclama que durante este tiempo de reinvindicaciones ha sido nuestra seña:

“Educación Pública, Trabajo y Libertad”

 En La Laguna, 23 de marzo de 2012

 ASAMBLEA DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL CANARIO

***

Las organizaciones firmantes del manifiesto conjunto son:

Comisiones Obreras Canarias (CCOO Canarias). Unión General de Trabajadores Canarias (UGT Canarias). Confederación Intersindical Canaria. Frente Sindical Obrero de Canarias (FSOC). Unión Sindical Obrera Canarias (USO Canarias). Comisiones de Base (COBAS). Convergencia Sindical Canaria (CSC). SITOCAN. Sindicato Independiente Canario (SIC). Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (SEPCA). Docentes de Canarias-INSUCAN. Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras Asamblearios de Canarias (EA-Canarias). OCESP. Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias-Intersindical Canaria (STEC-IC). Sindicato de Trabajadores Unidos (STU). Colectivo Independiente de Guaguas, Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario (AMEC).

MANIFIESTO CONJUNTO HUELGA GENERAL 29 DE MARZO 2012, BAJO EL LEMA: NO A LA REFORMA LABORAL. NO A LAS POLÍTICAS DE AJUSTE EUROPEAS. ANTE LAS AGRESIONES, MOVILIZACIÓN”

Las organizaciones sindicales abajo firmantes presentaron el “Manifiesto conjunto Huelga General 29 de marzo 2012, bajo el lema: No a la reforma laboral. No a las políticas de ajuste europeas. Ante las agresiones, movilización”.

Los autores del Manifiesto acordaron que los intelectuales, Julián Ayala y Francisco Morote, asumieran la presentación pública de dicha proclama que tuvo lugar en las sedes sindicales de Primero de Mayo, en Gran Canaria y Méndez Núñez, en Santa Cruz de Tenerife.

Canarias, situación límite.

La actual crisis del sistema económico capitalista se manifiesta en Canarias con especial dureza. Más de 340.000 personas en paro. Un 51 % de desempleo juvenil. La tercera parte de la población vive actualmente bajo el umbral de la pobreza con escasos o ningún recurso. Más de un 50% de quienes tienen empleo son trabajadores temporales, sometidos a la inseguridad y permanente entrada y salida del mercado de trabajo. El salario medio de Canarias es un 15,3 % inferior a la media del Estado. Se produce un continuo retroceso en el número de personas afiliadas a la Seguridad Social, en tanto que la economía sumergida avanza y se sitúa en el entorno del 30% del Producto Interior Bruto de las islas. Las políticas privatizadoras y los recortes presupuestarios experimentados en los últimos tres años debilitan los servicios públicos esenciales: mayores listas de espera para la atención médica, aumenta el fracaso escolar y abandono de los estudios, retraso en la atención a las personas dependientes etc. Siendo especialmente escandalosa la falta de recursos públicos en los presupuestos canarios para atender la exclusión social a los más débiles.

Esta realidad tiene que ver también con el modelo económico de Canarias basado en el turismo y la construcción, fuertemente dependiente del exterior y dominado en las últimas décadas por una actividad empresarial e inversora muy especulativa, que sólo ha buscado el mayor beneficio en el menor espacio de tiempo, sin preocuparse de la economía productiva generadora de tejido industrial y de valor añadido. Además, se ha desatado en la Unión Europea una feroz y agresiva actuación del poder económico y financiero para hacer pagar la factura de su crisis a la clase trabajadora, a quienes trabajan como autónomos, y a muchas pequeñas y medianas empresas.

No a las políticas de ajuste europeas.

Desde ese poder dominante en Europa se impone a los gobiernos la adopción de medidas que recorten el déficit público para situarlo en el límite del 3% en el año 2013, a costa de lo que sea, de los servicios públicos, del crecimiento económico y del empleo. El Gobierno de Canarias ha apostado también, sin ninguna objeción, por esta política, aprobando en los últimos tres años unos Presupuestos antisociales que se caracterizan por el recorte de la inversión pública, el recorte del gasto público en sanidad, educación, empleo, políticas sociales y por la creciente privatización de los servicios públicos.

Estas políticas de austeridad, ajustes presupuestarios y recortes sociales que llevan impulsando desde hace más de dos años las instituciones europeas bajo la batuta de los gobiernos alemán y francés en Canarias están teniendo unos efectos devastadores; eliminación de estímulos al crecimiento económico desde el sector público, índice de paro insoportable, casi 30.000 familias desahuciadas de sus viviendas, recorte brutal de los servicios y prestaciones públicas justo en el momento en el que son más necesarias para la ciudadanía canaria. A esta situación inducida por las políticas europeas de recorte a cualquier precio del déficit público se suma la traducción al conjunto del Estado de las políticas europeas de recorte de los derechos laborales con una reforma laboral que facilita y abarata el despido, extremadamente lesiva contra la clase trabajadora, ineficaz para la economía, e inútil para el empleo, que tendrá efectos especialmente traumáticos en Canarias.

No a la reforma Laboral.

Porque es una reforma contra las personas en paro, porque la única forma de crear empleo es con crecimiento económico y esta reforma laboral, en una espiral suicida, va a generar más paro, menos consumo, más recesión económica, menos ingresos para la Administración y menos servicios públicos. Es una reforma discriminatoria, especialmente con las personas en paro de larga duración porque concede privilegios económicos a las empresas que contraten a personas desempleadas con prestación por desempleo.

Es una reforma laboral contra la clase trabajadora que convierte el despido en un recurso fácil, rápido y barato. Se generaliza despido libre y gratuito en los nuevos contratos para empresas de menos de 50 trabajadores, la mayoría, y se generaliza el despido con solo 20 días por año trabajado con un límite de 12 mensualidades para el resto de las personas independientemente de su tipo de contrato y antigüedad. Es una reforma contra las condiciones de trabajo, ya que salarios, horarios, puestos, movilidad geográfica y cualquier otra circunstancia laboral dependerá ahora de la voluntad del empresario eliminando las opciones de negociación de las plantillas a través de sus representantes legales.

Esta reforma contra la clase trabajadora dificulta la negociación colectiva eliminando la protección de los derechos colectivos e individuales regulados en los convenios colectivos sectoriales, individualizando las relaciones laborales, imponiendo laudos obligatorios, y fijando un plazo para que finalice definitivamente la vigencia de todos los derechos alcanzados en convenio colectivo, desregulando, desvirtuando, y desmantelando los fundamentos básicos del derecho al trabajo.

Es una reforma contra los jóvenes porque no generará empleo y, por tanto, no servirá para reducir la tasa de empleo juvenil que en canarias ya alcanza el 51%. Es una reforma contra las mujeres porque la eliminación de derechos y protecciones aumentará las desigualdades retributivas, la infravaloración y el trabajo en precario.

Es una reforma contra el crecimiento económico y la cohesión social que generará más paro en Canarias, el territorio del Estado con mayor nivel de desempleo, y reducirá los salarios de las personas con empleo, no actuará a favor de la justicia social, contribuirá a incrementar las desigualdades y el número de personas bajo el umbral de la pobreza incrementando la situación de alarma social de Canarias.

Es una reforma contra la calidad de los servicios públicos autorizando a las administraciones públicas los expedientes de regulación de empleo, aportando soporte político al Gobierno de Canarias que ya se había adelantado a esta reforma laboral autorizando el expediente de regulación de empleo del Ayuntamiento de Galdar.

Es una reforma laboral basada en brutales ajustes económicos, injustos socialmente, regresivos laboralmente y nacidos únicamente para satisfacer a unos poderes financieros a los que nadie reconoce como depositarios de la soberanía democrática, que nos arroja hacia un presente y un futuro de paro y precariedad con menos servicios públicos y menos protección social, algo que las organizaciones sindicales de Canarias no estamos dispuestas a aceptar porque

Existen otras alternativas

Es urgente aumentar los ingresos públicos a través de una profunda reforma fiscal que permita obtenerlos de quienes más tienen, y de la lucha contra el fraude fiscal y contra la economía sumergida. Es necesaria una profunda reforma del sistema financiero que contemple la intervención pública para garantizar el desbloqueo del crédito hacia las personas y las pequeñas empresas, así como no descartar la creación de entidades financieras públicas que garanticen el objeto social de esta actividad. Es necesario que los gobiernos electos dirijan la economía sin ingerencias de los mercados, y que el necesario control del déficit público no se confunda, como ocurre en la actualidad, con la satanización de un instrumento necesario para luchar contra la crisis desde lo público. La crisis económica debe ser una oportunidad para poner en evidencia los principios ultraliberales que nos condujeron hasta la caótica situación en la que nos encontramos, y para poner en práctica otros principios más humanos, cuya prioridad se dirija a satisfacer las necesidades de las personas y no los intereses antisociales y antidemocráticos de los poderes económicos.

Movilización.

Ante estas agresiones del ultraliberalismo, las organizaciones sindicales canarias decimos que la crisis capitalista no ha surgido por el coste del despido, ni por los salarios, las pensiones, los convenios colectivos, ni por una supuesta rigidez de la legislación laboral. Para que la crisis la paguen quienes la han generado y no la clase trabajadora, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, llamamos a la movilización con arreglo al siguiente calendario:

Día 23 de marzo: Asambleas de delegadas/os conjuntas de los sindicatos que suscriben y de todas aquellas organizaciones sindicales que decidan adherirse al presente manifiesto.

DIA 29 de marzo: Huelga General de 24 horas con las siguientes reivindicaciones:

Retirada de la Reforma Laboral aprobada por el Consejo de Ministros a través del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, publicado en el Boletín Oficial del Estado con fecha 11 de febrero de 2012.

Retirada de cualquier Proyecto de Presupuestos Generales del Estado que suponga merma de los servicios esenciales a la ciudadanía.

Políticas activas contra la exclusión social y la pobreza en Canarias, así como políticas activas de fomento de empleo.

Cese inmediato de las políticas de privatización del Gobierno de Canarias en los distintos servicios públicos, especialmente en sanidad, educación y servicios a la comunidad. Así como aumento de los presupuestos del gobierno de Canarias en sanidad, educación y servicios sociales.

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