El Caso AMEC/Doménech en El Mundo

(Edición del miércoles 28 de enero de 2015)

El periódico El Mundo -ya se ocupó del tema El País– vuelve a situar el caso AMEC/Doménech más allá de las Islas Canarias. El rotativo madrileño considera la persecución vivida por AMEC un ejemplo de la arbitrariedad e indefensión que sufren los alumnos a los que se aplica el Reglamento de Disciplina Académica de 1954.

AMEC en El Mundo

Fragmento del artículo en el que se trata el expediente disciplinario sufrido por los alumnos de AMEC:

“Cuando la mediación del defensor no resuelve el problema, el siguiente paso es la inspección de servicios, un órgano que depende directamente del rector. “Es una herramienta de la institución, así que nunca se pondrá en su contra”, denuncia Josafat González, portavoz de la Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario (AMEC).

El joven sabe de lo que habla. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) acaba de dar la razón, hace dos meses, a él y a otros 10 estudiantes contra quienes la Universidad de La Laguna (ULL) abrió un expediente disciplinario por “faltas al honor”, también en base a la ley disciplinaria preconstitucional.

Los hechos se remontan a 2011, cuando AMEC emitió un comunicado en el que criticaba el retraso de la ULL en la entrega de expedientes académicos a la Fundación Proeduca, encargada de gestionar las becas del Cabildo [sic], que supuso la pérdida de la ayuda para 300 alumnos. La universidad consideró el contenido del texto difamatorio y, bajo consejo del inspector de servicios, abrió un expediente disciplinario a 23 alumnos, 12 de los cuales fueron finalmente sancionados como presuntos instigadores de la carta.

Tras un largo periplo judicial, el TSJC ha dictaminado que el comunicado se encontraba amparado por la libertad de expresión, y que AMEC, como representante de los alumnos, tiene derecho a quejarse públicamente del servicio de la Universidad. “Esa ley franquista da cobertura legal a los rectores para acallar las quejas de los estudiantes”, asegura González.

El juzgado es el recurso final, cuando en el campus no se resuelven los problemas, una opción que se descarta a menudo porque supone una inversión de tiempo y dinero pero que, en casos extremos, se perfila como la única posibilidad. “Teníamos que haber sacado el asunto de la Universidad desde el principio. En el campus, la institución es siempre juez y parte“, critica González.

 

  

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