Hoy, día 30 de agosto de 2011, la Cámara Baja del Reino de España, el Congreso de los Diputados, se llena de la mayor ignominia que haya tenido en todo este tiempo de democracia tutelada, de partitocracia de un régimen postfranquista que funciona bajo el consenso de la oligarquía financiera y caciquil vencedora de la guerra civil y de los sectores arribistas de una autodenominada «izquierda» vendida a las clases pudientes del capital español e internacional.
Hoy, 30 de agosto de 2011, se pretende la reforma de la Carta Magna, mil veces mentada como «sacrosanta», «intocable», «inviolable» por sus pretendidos defensores cada vez que han sido los sectores populares los que han pretendido una reforma en pos de las libertades de los pueblos que vegetan bajo el reinado de Juan Carlos I.
Una reforma contra los trabajadores, los estudiantes y los pueblos porque, además de un ataque a la soberanía popular dictada desde los mercados financieros, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, lo es porque resta los escasos medios de vida de los que disponemos los súbditos del Reino de España. Un «techo de gasto» para la deuda publica significa, en realidad, la falta de medios del Estado para poder realizar políticas de redistribución de riqueza o, al menos, de medios mínimos de subsistencia en épocas de crisis, la imposibilidad de desplegar políticas educativas, seguridad para los trabajadores o prestaciones sociales en tiempos como los que vivimos ahora. La coartada de la «falta de crecimiento» que entidades ajenas y oscuras como «Standard’s & Poors» o personas de una dudosa calidad democrática como Ángela Merkel o Nikolas Sarkozy, son, además de interesados despliegues de políticas económicas demostradas ineficaces en los hechos y que solo benefician a la Banca y a empresas deseosas de la privatización de los servicios públicos, una falsedad. Reputados economistas y organizaciones independientes han argumentado plausiblemente como el recorte de la deuda publica impide precisamente el crecimiento económico y genera desempleo, ya que todas las reformas habidas hasta la fecha con la búsqueda de facilitar la inversión privada disminuyendo el presupuesto publico -la famosa «estabilidad presupuestaria»- y recortando prestaciones a los trabajadores en realidad han provocado la caída del consumo de las familias, el crecimiento del endeudamiento privado y tasas de desempleo tan grandes como las que estamos viviendo ahora.
No solo se puede denominar a esta reforma como lo que es, un golpe de Estado de los mercados contra la democracia, un ataque indiscriminado y cruento contra los trabajadores, los estudiantes y los pueblos, sino, sobre todo, como una gran estafa al erario publico. Ya nadie recuerda los créditos concedidos a la Banca hace escasamente tres años, por los que en principio iba a recuperarse y sanearse las cuentas de los millones de ahorradores y prestar dinero a un interés mas bajo para la creación de empleo. Son esos mismos créditos los que han provocado por parte de esas entidades financieras en lugar de un préstamo a ahorradores en dificultades, una gigantesca especulación sobre la deuda publica, con unos intereses cada vez mas altos, capaces de generar una crisis de pagos y dejar en la bancarrota a países como Grecia, con la complicidad de elite financiera y elite política de la UE. Se desvía la atención, deliberadamente, sobre el informe realizado por el Colectivo de Técnicos de Hacienda (GESTHA), donde se recoge que el fraude de las grandes fortunas a Hacienda constituye un total del 72% de lo defraudado cada año, un total de 42.700 millones de euros. Se silencia, con total impunidad, el hecho de que las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable), por el que tributan las grandes fortunas, quedan exentas del pago de impuestos, convirtiéndose en instrumento de evasión fiscal. En nuestra realidad autónoma, este ha sido el papel jugado por la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), por lo que se han dejado de recaudar, con la excusa de generar empleo por incentivos fiscales, unos 10.000 millones de euros en los últimos cinco años, siendo nuestro archipiélago una de las comunidades autónomas mas castigadas por el paro. Políticos y banqueros, diputados y empresarios, utilizan el Estado y nuestro dinero para fraguar su gran agosto, su gran estafa, para luego pasarnos la factura de su malversación.
Por otro lado, debemos remarcar que se da en un contexto de absoluta falta de legitimidad y credibilidad. Bajo un gobierno débil, obligado a convocar elecciones por su bajo perfil de cara a la «gobernabilidad» capitalista, bajo una oposición conservadora de raíces franquistas enquistada en los mayores escándalos de corrupción de esta democracia tutelada -el caso «Gurtel», por la que se malversaron fondos públicos con la connivencia de autoridades publicas y empresarios por cientos de millones de euros-, los súbditos de este Reino han abarrotado las calles contra la imposición de ser mercancía en «manos de políticos y banqueros», denunciando la decadencia de un régimen que no solo ha sido incapaz de sacarnos de la crisis, sino que han sido realmente los culpables y responsables de esta estafa. Haciendo oídos sordos a ese clamor con el que miles de personas en el Estado español han denunciado la dictadura PPSOE, el régimen del capital del Reino de España, la dictadura de este bi-partido único de dos cabezas da otro golpe de tuerca contra los trabajadores, los estudiantes y los pueblos, para lacerar aun mas las heridas hechas por este régimen corrupto, degenerado, hipócrita y postfascista.
Desde la Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario (AMEC), abominamos de esta reforma basura, declarando el día 30 de agosto como el día de la Ignominia, llamando a los trabajadores, a los estudiantes, a las amas de casa, a los inmigrantes, a las mujeres y hombres de esta tierra canaria a defender sus derechos y a salir a la calle contra la estafa del capital.
Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario (AMEC) 