El fiscal pide 6 años para los autores del atropello de la Avenida de Anaga [Diario de Avisos 21/07/2010]

El Cacicato chicharrero defiende a sus cachorros. Los jóvenes homicidas no pisarán nunca la cárcel. Desgraciadamente, no se puede esperar más en estas islas folclóricas y decadentes.  

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 MARÍA FRESNO | SANTA CRUZ DE TENERIFE

El Ministerio Fiscal presentó esta semana en el Juzgado el escrito de acusación contra los jóvenes Pedro G.H-R. y  Francisco Javier R.B.L.P. por el triple atropello ocurrido en la Avenida de Anaga en octubre de 2006 en el que murieron tres miembros de una familia (un matrimonio y su hija) y que causó una gran conmoción en la sociedad tinerfeña.

Por estos hechos, el fiscal pide para cada uno de los implicados en el siniestro un total de seis años de prisión y 16 meses de multa a razón de diez euros de cuota diaria por tres delitos de homicidio por imprudencia, dos contra la seguridad vial y dos por omisión del deber de socorro.

El escrito, al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, coincide a grandes rasgos con el de la acusación particular (que representa a los otros dos hijos de la pareja) y que solicita para el autor del atropello ocho años de cárcel y siete y medio para el otro conductor implicado en el suceso [El escrito de la acusación particular fue publicado por DIARIO DE AVISOS el 15 de marzo de este año].

El Ministerio Público, en cambio, aprecia la misma responsabilidad en ambos conductores y los imputa por igual, a pesar de que sólo uno de ellos, Pedro G.H-R., conducía el Mini Cooper de color rojo que atropelló mortalmente a la familia mientras cruzaba el paso de peatones que está a la altura del edificio de Mapfre, frente al Cabildo de Tenerife. Dice el fiscal que la maniobra del otro conductor (Francisco Javier R.B.L.P.) que conducía un Wolkswagen Polo Adventure, también de color rojo,  fue “clave”  para desencadenar el fatal desenlace, ya que ambos conducían de “forma temeraria” y “a gran velocidad” por una zona urbana donde el límite es de 50 kilómetros hora.

Asimismo, el Ministerio Público solicita para ambos la privación del derecho de conducir vehículos a motor y ciclomotores durante diez años, lo que supone “la pérdida definitiva del carné”.

En cuanto a la responsabilidad civil, pide que se indemnice de manera conjunta y solidaria a los dos hijos del matrimonio en la cantidad de 200.000 euros (la acusación particular pide 300.000). Igualmente aprecia el fiscal la responsabilidad civil directa de la compañía de seguros Mapfre (que ya ha pagado) y subsidiaria del dueño de Mini Cooper, que es el padre del joven Pedro G.H.R. En cambio, no aprecia responsabilidad civil en Francisco Javier R.B.L.P.

Según el relato de los hechos, ambos jóvenes se encontraron el 28 de octubre de 2006 en el semáforo del Auditorio de Tenerife y comenzaron, cada uno en su vehículo, a circular “de forma temeraria” por toda la avenida José Antonio dirección a la Plaza de España, “llegando a alcanzar los 100 kilómetros hora”. Cuando llegaron a la altura del edificio de Mapfre, Francisco Javier R.B.L.P. vio a la familia cruzar por el paso de peatones y logró esquivarlos invadiendo el otro carril, dejando sin maniobra de evasión al conductor del Mini (Pedro G.H.R.) que los arrolló brutalmente. El fuerte golpe desplazó a la mujer 50 metros.

Pedro G.H-R. continuó su marcha y fue a detenerse frente al acceso al aparcamiento de la Plaza de España, donde un ciclista que había visto todo el siniestro se paró a su lado y le dijo que le había tomado la matricula. Fue entonces cuando el joven decidió parar su vehículo y permanecer en el lugar de los hechos hasta que llegó la Policía.

Francisco Javier R.B.L.P. continuó su marcha y acudió doce días más tarde al juzgado a declarar, aunque antes llamó al 1-1-2 alertando del siniestro. Practicada la prueba de alcoholemia, unas horas más tarde del siniestro, se comprobó que Pedro G.H-R. tenía un grado de alcohol en sangre de 0,314.

El juicio no llegará hasta el año 2011 [todo calculado para que no pisen el talego*]
Los hechos ocurrieron el 28 de octubre de 2006. La instrucción del sumario, que ha durado más de tres años, ya está finalizada. La acusación particular presentó el 9 de diciembre del año pasado su escrito de acusación. Siete meses más tarde, lo hace el fiscal. Ahora le toca el turno a las defensas, que tendrán de 10 a 20 días para calificar los hechos Una vez presentados los escritos por cada una de las partes, se adjudicará a un Juzgado de lo Penal de Santa Cruz de Tenerife cuyo juez señalará el juicio, lo que no ocurrirá antes de  2011.La legislación española contempla el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, es decir, que si el tiempo consumido en la tramitación del proceso no ha sido razonable, la pena de cárcel impuesta podrá ser rebajada, y fija en los cuatro años el tiempo máximo. Asimismo, el hecho de “reparación del daño” al haberse pagado parte de la indemnización reclamada también puede atenuar la pena. El delito de homicidio por imprudencia grave tiene penas que oscilan de dos a cuatro años de cárcel. La legislación española habla del concurso ideal de delitos, que viene a decir, más o menos, que no se pueden sumar las penas en el caso de que un solo hecho constituya dos o más infracciones.

*La explicación (en rojo) es nuestra.

Fuente: http://www.diariodeavisos.com/2010/diariodeavisos/content/20162/

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http://noincineraciontenerife.com/noticias/1392.htm

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