Alcemos la voz para que se cumpla lo que ha decretado el Juzgado Número 2 de los Contencioso Administrativo de Las Palmas. El silencio es cómplice de la injusticia. ¡Repatriación ya para José Morales!
“José Morales fue detenido el 12 de junio de 2012 por «orden expresa del subelegado del Gobierno español en Canarias, en la isla de Tenerife», y posteriormente expulsado. La orden de expulsión se dio después de que el activista participara en una «concentración espontánea» frente a la sede del PP de Lanzarote para manifestarse contra la decisión del Gobierno central de conceder a la multinacional Repsol los permisos de extracción de petróleo en aguas cercanas a Canarias”.
Artículo publicado en EUROPA PRESS
El Juzgado Número 2 de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas ha dejado «sin efecto» la expulsión del activista uruguayo y residente en Canarias José Morales Brum de España, ya que entiende que el acto administrativo del Gobierno español y secundado por el Gobierno uruguayo, «no se ajusta a derecho y es contrario a la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en materia de expulsión de extranjeros».
Esta decisión se adopta tras el auto dictado por el Juzgado, a fecha 25 de febrero de 2013, tras acceder a la solicitud del demandante y «dejar sin efecto la expulsión del territorio español del ciudadano uruguayo», según informó la Asociación Lanzaroteña Pro – Derechos Humanos en el Sáhara Occidental en un comunicado.
Asimismo, la jueza Esperanza Ramírez ordenó que su decisión se comunique a la Delegación del Gobierno en Canarias para que disponga «su inmediato cumplimiento, librándose para ello el correspondiente oficio».
Y es que el Juzgado sostiene que en este caso «queda acreditado un verdadero arraigo» de José Morales en Canarias, «ya que el demandante ha contado con permiso de residencia y trabajo en vigor y es padre de una niña menor de edad y de nacionalidad española», que reside en la isla de Lanzarote.
También recuerda que atendiendo a la jurisprudencia del TSJC «en materia de expulsión de extranjeros mantiene una actitud favorable a suspensión de las resoluciones administrativas que le ordenan cuando una persona afectada tiene arraigo en España» porque la expulsión puede causar al interesado «daños de muy difícil reparación».
Asimismo, la jueza «no considera» que la permanencia de José Morales en territorio español, durante la tramitación de este procedimiento, «pudiera causar algún grave y concreto perjuicio al interés general, no pudiendo los meros referentes policiales justificar la ejecución inmediata de la expulsión».
Por su parte, José Morales ha mostrado su satisfacción por esta decisión judicial y ha dejado constancia de ello en las redes sociales donde indicaba que «tenía que llegar y llegó».
«La mejor noticia que tenía que venir con los aires del alisios de mi patria Canaria acaba de llegarme. Sin duda la emoción es tan grande que las lágrimas empañan mi vista pero son lágrimas de alegría, de emoción por el convencimiento en que jamás he cometido delito alguno y que jamás he sido condenado como tantas veces lo han repetido muchos adalides del Gobierno español», indicaba el activista.
José Morales fue detenido el 12 de junio de 2012 por «orden expresa del subelegado del Gobierno español en Canarias, en la isla de Tenerife», y posteriormente expulsado. La orden de expulsión se dio después de que el activista participara en una «concentración espontánea» frente a la sede del PP de Lanzarote para manifestarse contra la decisión del Gobierno central de conceder a la multinacional Repsol los permisos de extracción de petróleo en aguas cercanas a Canarias.
Tras estos hechos, Morales aseguró que «era objeto de una deportación ilegal» y ha solicitado al Gobierno uruguayo que enseñe la preceptiva orden judicial que debe de acompañar a los ciudadanos expulsados de España, «sin que hasta el momento se le haya respondido».
Tras la ejecución de la expulsión organizaciones políticas, sindicales o sociales, entre otras, «han denunciado en España y en el ámbito internacional que la decisión política del Gobierno de España carece de respaldo jurídico».
Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario (AMEC) 