El “Caso AMEC” tenía una “hoja de ruta” trazada. Por un lado, un claro objetivo político: silenciar al único grupo contestatario de la ULL. Por el otro, se pretendía un escarmiento que dejara huella, una huella psicológica en el alumnado. Una huella indeleble, la marca que llevan en el rostro los que se retractan, los que ceden bajo la amenaza y el terror. Para conseguir ambos objetivos se trató de proyectar desde un primer momento la culpa -en su vertiente religiosa- sobre los estudiantes, con la redención como única alternativa para la salvación del (alumno) pecador; la superación de la culpa por medio de la retractación: el reconocimiento del pecado. Reconocimiento que se traduce jurídicamente en la expulsión de la Universidad o la pérdida de derechos. Aunque, como buenos “cristianos”, siempre se dejó entrever la posibilidad del perdón: el perdón a la oveja descarriada que ofrece el padre amado.
Documento remitido la pasada semana a Antonio Martinón, rector de la Universidad de La Laguna.
El colectivo estudiantil pide que se investigue la actuación del exrector Eduardo Doménech Martínez y del resto de responsables de que existiera el “Caso AMEC”. En la misma línea, se han solicitado los ceses de Andrés Falcón Armas, inspector de la ULL, y de Manuel Rosales Álamo, director de la Unidad de Mediación y Asesoramiento de Conflictos de la ULL.
El 30 de octubre de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestimaba el recurso interpuesto por la Universidad de La Laguna contra la sentencia del 5 de abril de 2013 del procedimiento ordinario 233/2012. En dicha sentencia del 2013, se aclaraba:
En la publicación litigiosa no se detecta ninguna expresión ofensiva o injuriosa limitándose el comunicado a exponer unos hechos con ánimo de que se mejore el servicio y se eviten prejuicios. Una publicación hecha en el ejercicio legítimo del derecho del gobernado a controlar al gobernante, a la libertad de expresión y de información, a la legítima crítica de la actuación de los poderes públicos y a la defensa de los estudiantes por los miembros de un grupo claustral, a cuyo efecto se ha constituido, no puede entenderse como una ofensa de palabra habiendo fuentes de información procedente de la Fundación que imputaban el retraso a la Universidad, máxime cuando el relato de hecho no contiene ninguna expresión ofensiva o injuriosa, antes bien, se limita a exponer asépticamente unos con ánimo de que se mejore el servicio y se aclara después que la crítica es a los responsables del servicio y no a las personas que lo ejecutan de las que no depende su organización y su funcionamiento.
Obviamente, nos estamos refiriendo al denominado por los medios de comunicación como “Caso AMEC”, durante cuatro años se mantuvo abierto en la ULL un conflicto entre la institución y el grupo más representativo del estudiantado lagunero. Un conflicto que “terminó” con una sentencia inapelable del TSJC y con la aprobación por parte del Claustro de la ULL de una resolución en la que se «insta al rector a disculparse institucionalmente con los alumnos y alumnas que, formando parte de la Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario (AMEC), fueron expedientados y sancionados (aunque dichas sanciones fueron suspendidas por un tribunal y no se pudieron aplicar)”.
Eduardo Doménech Martínez, exrector de La ULL
Dicha resolución claustral fue ignorada por el rector Eduardo Doménech; y, por más que se le solicitara desde diversos grupos universitarios, se negó a ofrecer dichas disculpas. De la misma forma, Doménech ignoró la letra de las dos sentencias y persistió en afirmar que su actuación, la incoación de expedientes disciplinarios y el castigo de los estudiantes, había sido la correcta. En este sentido, se permitió seguir insistiendo en ese aspecto en el correo que envió a toda la comunidad universitaria a modo de despedida un día antes de abandonar el Rectorado. En dicho correo, mantiene que sus actuaciones se suscribieron siempre a la búsqueda del “interés general y el cumplimiento de las normativas”. Desde nuestro punto de vista, ese “interés general” oculta un oscuro interés (político) particular: la eliminación consciente de la principal organización universitaria que manifestó una línea opositora frente a sus actuaciones como rector.
Las dos sentencias del denominado “Caso AMEC” nos permiten afirmar, sin lugar a dudas, que dicho caso surgió del mayor de los despropósitos. Las sentencias dejan claro que la actuación del grupo se vincula al «legítimo derecho del gobernado a controlar al gobernante, a la libertad de expresión y de información, a la legítima crítica de la actuación de los poderes públicos y a la defensa de los estudiantes por los miembros de un grupo claustral» (fragmento de la sentencia del 5 de abril de 2013). Es decir, como nosotros habíamos afirmado desde un principio: «los representantes de AMEC y sus cargos electos están legitimados para defender los derechos de los alumnos y denunciar cualquier vulneración de los mismos» (comunicado de AMEC, marzo de 2011).
El “Caso AMEC” tenía una “hoja de ruta” trazada. Por un lado, un claro objetivo político: silenciar al único grupo contestatario de la ULL. Por el otro, se pretendía un escarmiento que dejara huella, una huella psicológica en el alumnado. Una huella indeleble, la marca que llevan en el rostro los que se retractan, los que ceden bajo la amenaza y el terror. Para conseguir ambos objetivos se trató de proyectar desde un primer momento la culpa -en su vertiente religiosa- sobre los estudiantes, con la redención como única alternativa para la salvación del (alumno) pecador; la superación de la culpa por medio de la retractación: el reconocimiento del pecado. Reconocimiento que se traduce jurídicamente en la expulsión de la Universidad o la pérdida de derechos. Aunque, como buenos “cristianos”, siempre se dejó entrever la posibilidad del perdón: el perdón a la oveja descarriada que ofrece el padre amado.
Pedro Avero Delgado, exdecano de la Facultad de Psicología de la ULL
El 14 de marzo de 2011, se dio el pistoletazo de salida con una resolución de la Junta de la Facultad de Psicología en la que -sin que mediara pesquisa alguna- se declaraba culpables a los miembros de AMEC. Dicha resolución fue animada y propiciada por el que fuera decano de la extinta Facultad de Psicología, Pedro Benito Avero Delgado.
Que siendo firmes defensores de la libertad de pensamiento y de la crítica fundamentada a cualquier labor de gestión institucional en nuestra facultad, no vamos a hacer dejación, en ningún momento, de nuestra responsabilidad en la defensa del buen nombre de nuestro centro, ante cualquier ataque basado en la falsedad y la difamación como es el caso que nos ocupa en las afirmaciones vertidas por los componentes del grupo claustral del alumnado AMEC.
A partir de ese primer momento se nos declaró a todos culpables, aunque, como dice la sentencia del TSJC:
(…) luego de verificar los hechos, examina su integración en el tipo de la infracción, precisando que por su ubicación normativa y sanción prevista, sólo resulta aplicable a los hechos que resulten inequívocamente subsumibles por tratarse de acciones graves, potencialmente lesivas e intolerables en la comunidad universitaria. Lo que no aprecia en el caso en relación a la falta de probidad por la intencionalidad aludida, y en cuanto a la otra infracción imputada: el deber de rectificación ante la falta de correspondencia de la información con la realidad de los hechos; además por apreciar que sólo procedería cuando conste la verdad de modo indubitado, lo que no ocurría en el caso.
Se nos declaró culpables sin que, hasta el día de hoy, la Universidad pueda demostrar por qué razón éramos culpables: la Universidad nunca ha podido justificar documentalmente que AMEC se equivocara en sus críticas. Pero, pese a todo, éramos “culpables”.
Algunas fechas claves para entender el “Caso AMEC”:
14 de marzo de 2011
Resolución de la Junta de Facultad de Psicología. Se abre un largo proceso de interrogatorios por parte del Servicio de Inspección de la ULL, a cargo de Andrés Falcón Armas, que afecta a tres miembros de AMEC.
27 de enero de 2012
Eduardo Doménech incoa expediente disciplinario a 22 de los 23 representantes claustrales del grupo de alumnos mayoritario en el Claustro de la ULL, y a otro miembro no claustral. En total se incoan 23 expedientes. El expedientado no claustral fue incoado porque afirmó ser miembro de AMEC.
31 de enero de 2012
Comienzan las declaraciones de los alumnos a los que se ha incoado expediente disciplinario. Fruto de esas declaraciones, el instructor del “Caso AMEC”, José Ulises Hernández Plasencia, decide exonerar, por razones desconocidas, a 11 de los incoados, y propone sanciones para los otros 12. Hernández Plasencia llega a proponer hasta 15 meses de expulsión para alguno de los estudiantes expedientados. De la misma forma, el instructor dejó en situación de indefensión a los expedientados, puesto que no concedió trámite de audiencia tras su respuesta al pliego de cargos contra los estudiantes.
03 de febrero de 2012
El exrector con el que fuera su jefe de gabinete, Antonio Rodríguez
El que fuera jefe de gabinete de la ULL, Antonio Rodríguez, declara culpables a los alumnos expedientados. Sin ningún tipo de ambages, sin esperar resolución alguna del instructor del caso, Rodríguez afirma que los alumnos se tienen que retractar y declara: “la sanción que se establezca no tiene que concluir necesariamente en una expulsión definitiva de este alumnado” (las declaraciones de Antonio Rodríguez se pueden descargar en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=AYFMmn5S22o).
23 de febrero de 2012
Eduardo Doménech acompañado de Andrés Falcón Armas, inspector de servicio de la ULL
La prensa recoge en titulares que “El inspector de la ULL admitió ignorar quién elaboró el comunicado de AMEC”. No solo ignoraba la autoría, sino que -entre otros despropósitos-, recomendó que se expedientara a 20 personas con las que nunca se reunió o entrevistó (el inspector solo se entrevisto con tres miembros del colectivo estudiantil).
29 de marzo de 2012
Un total de 11 miembros de AMEC reciben resolución sancionadora por parte del rector Doménech, resolución en la que se especifican los castigos que deberán asumir los estudiantes. Se sanciona a 11 estudiantes, puesto que una de las 12 personas que tenían incoado expediente disciplinario terminó por retractarse. En todo caso, se desconoce cómo pudo retractarse, puesto que no existía ningún elemento de juicio que justifique dicha actuación.
Resoluciones judiciales:
24 mayo de 2012
Primera resolución judicial favorable a los alumnos expedientados: la suspensión cautelar de las sanciones.
5 de abril de 2013
Primera sentencia judicial que da la razón al colectivo estudiantil.
30 de octubre de 2014
La sentencia del 5 de abril de 2013 fue recurrida por lo que se debió esperar una segunda sentencia, en este caso del TSJC, que cerrará judicialmente el caso.
Resoluciones claustrales:
28 de enero de 2015
El Claustro de la ULL aprueba la siguiente resolución:
El Claustro de la Universidad de La Laguna insta al rector a disculparse institucionalmente con los alumnos y alumnas que, formando parte de la Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario (AMEC), fueron expedientados y sancionados (aunque dichas sanciones fueron suspendidas por un tribunal y no se pudieron aplicar).
Teniendo en cuenta lo reseñado, SOLICITAMOS:
Que se investigue la actuación de los principales responsables de la existencia del denominado “Caso AMEC”. A modo de comisión de la verdad, pedimos que se investiguen las actuaciones de las siguientes personas:
Eduardo Doménech (exrector de la ULL)
Antonio Rodríguez (ex jefe de gabinete de la ULL)
José Ulises Hernández Plasencia (Instructor del “Caso AMEC”)
Andrés Falcón Armas (Inspector de la ULL)
Manuel Rosales Álamo (Director de la Unidad de Mediación y Asesoramiento de Conflictos de la ULL)
Pedro Benito Avero Delgado (exdecano de la Facultad de Psicología de la ULL) y su equipo de dirección.
De la misma forma, le SOLICITAMOS el CESE de las siguientes personas:
Andrés Falcón Armas (Inspector de la ULL)
Manuel Rosales Álamo (Director de la Unidad de Mediación y Asesoramiento de Conflictos de la ULL)
Por último, SOLICITAMOS que se nos informe del coste económico que supuso para la institución académica el “Caso AMEC”.
En La Laguna a, 17 de junio de 2015
rollo de esta reunión fue una exposición y posterior debate entre ambas partes – el estudiantado y el equipo de gobierno de la Universidad – defendiendo cada uno su modelo, así como la conveniencia de cada uno. Entre las razones que dio el equipo de gobierno, a través de su vicerrectora, se encuentra su “hipótesis” – no nos presentaron datos – de que la convocatoria de septiembre es un llamamiento que no es utilizado de manera general, la posibilidad de tener un mes de vacaciones garantizado, pero, sobre todo, la necesidad de subir en los famosos “rankings”, tomando para ello, como modelo, los calendarios académicos de las universidades ubicadas en los primeros lugares de la misma.
solicitudes de beca con la mayor celeridad
Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario (AMEC) 